Puerto Rico RC 1745: Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación sobre todos los contratos otorgados durante la declaración de emergencia por el COVID-19 relacionados al manejo del virus, incluyendo la compra de pruebas para detectar el COVID-19, ventiladores, mascarillas y cualquier equipo o servicio relacionado.

Bill Text

GOBIERNO DE PUERTO RICO



18va. Asamblea	7ma. Sesión

	Legislativa		      Ordinaria



CÁMARA DE REPRESENTANTES



R. de la C. 1745



6 DE ABRIL DE 2020



Presentada por el representante Natal Albelo



Referida a la Comisión de Asuntos Internos



RESOLUCIÓN



Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación sobre todos los contratos otorgados durante la declaración de emergencia por el COVID-19 relacionados al manejo del virus, incluyendo la compra de pruebas para detectar el COVID-19, ventiladores, mascarillas y cualquier equipo o servicio relacionado.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



A partir del domingo, 15 de marzo, entró en vigor la Orden Ejecutiva promulgada por la Gobernadora Wanda Vázquez Garced con su propuesta para atender la situación de emergencia provocada por el COVID-19 en Puerto Rico. En dicha Orden se estableció un toque de queda, el cual permanece en vigor al presente. Desde entonces, la Administración de Turno, contando con el aval de la Mayoría Parlamentaria en la Asamblea Legislativa, ha presentado y aprobado una serie de iniciativas supuestamente dirigidas a prevenir, detectar, tratar y mitigar el COVID-19. Una de estas iniciativas, y según el consenso dentro de la comunidad científica, la más importante para hacerle frente al virus, tiene que ver con la accesibilidad a pruebas para detectar el COVID-19. A pesar de las promesas de la Gobernadora y sus subordinados, incluyendo los múltiples Secretarios de Salud, al presente no se cuenta con suficientes pruebas para detectar el COVID-19 en Puerto Rico, ni con los mecanismos para rastrear los posibles contagios una vez se confirma un caso positivo al virus. 



Durante las pasadas horas ha trascendido en múltiples medios de comunicación que el Gobierno autorizó varios contratos multimillonarios para la compra de pruebas a varias empresas con vínculos al Partido Nuevo Progresista y sin experiencia previa en temas de salud. Según confirmó la propia Gobernadora durante conferencia de prensa, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) otorgó un contrato por $38 millones para la compra de 1 millón de pruebas rápidas. La compañía a quien se le concedió el millonario contrato fue la pequeña empresa de construcción Apex General Contractors, cuyos dueños tienen vínculos directos al Partido Nuevo Progresista. Lo mismo ocurre con 313 LLC, quien le vendió directamente al Departamento de Salud pruebas para el COVID-19 por $3.6 millones. Cabe destacar que, durante la conferencia de prensa brindada por la Gobernadora en la noche del 5 de abril de 2020, se le confrontó sobre las compras nebulosas de estas compañías. La Gobernadora expresó su desconocimiento de estas transacciones.  De ser ciertas sus expresiones, se estaría incumpliendo con la Ley 3-2017, la cual exige que todo contrato en exceso a $10,000 tiene que contar con la autorización previa de la Gobernadora y en casos de emergencia, tanto la Secretaría de la Gobernación, como la Oficina de Gerencia y Presupuesto, tienen que ser notificados del contrato dentro de 24 horas de su otorgación. 



Ahora más que nunca nuestro País necesita transparencia en estos procesos del cual dependen millones de vidas.  Las compras a sobreprecio de estas pruebas y su vinculación con el partido de mayoría son indicadores suficientes para comenzar un proceso de investigación serio e independiente de la rama ejecutiva el cual este cuatrienio ha demostrado ser de poca o ninguna confiabilidad.  Las prácticas de esta administración demostradas en las pasadas emergencias nos ponen en la posición de cuestionarlo todo. Es por esto que esta Asamblea tiene el deber de investigar todos los contratos otorgados durante la declaración de emergencia por el COVID-19 relacionados al manejo del virus, incluyendo la compra de pruebas para detectar el COVID-19, ventiladores, mascarillas y cualquier equipo o servicio relacionado.



RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:



	Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación sobre todos los contratos otorgados durante la declaración de emergencia por el COVID-19 relacionados al manejo del virus, incluyendo la compra de pruebas para detectar el COVID-19, ventiladores, mascarillas y cualquier equipo o servicio relacionado.  

	Sección 2.-La Comisión de Salud rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto del estudio aquí ordenado, en un término de tiempo no mayor de quince (15) días, luego de aprobada esta Resolución. 

	Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.